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| Grabado de Martin Tovar y Tovar de la firma del Acta de Independencia |
Un día como hoy del año 1811, se declara solemnemente la Independencia de
Venezuela.
Lo que comenzó el 19 de
abril de 1810 como un movimiento autonomista por parte del Cabildo de Caracas,
pero que guardaba fidelidad al rey Fernando VII, en 1811 no sólo superó el
ámbito de la Provincia de Caracas al sumarse otras provincias, sino que implicó
la ruptura definitiva con el nexo colonial español. Con esta finalidad se
instaló en Caracas el 2 de marzo de 1811, el primer Congreso de Venezuela, con
la representación de las Provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita,
Mérida, Barcelona y Trujillo. Es importante destacar que las provincias de
Coro, Maracaibo y Guayana, quedaron excluidas del Congreso por estar dominadas
por los españoles. A medida que se fueron desarrollando las sesiones del
Congreso, la idea de la Independencia fue ganando adeptos en el seno del mismo.
Muchos diputados la apoyaron con apasionados alegatos, otros con argumentos
históricos.
Para la mañana del 5 de
julio continúo el debate en el Congreso, y a comienzos de la tarde se procede a
la votación, hecho el recuento de los votos, el presidente del Congreso Juan
Antonio Rodríguez Domínguez, anunció solemnemente a las tres de la tarde, que
quedaba proclamada la Independencia absoluta de Venezuela. De acuerdo con los
testimonios de la época, luego de la proclamación se vivieron momentos de
intensa emoción. Una manifestación espontánea, a la cabeza de la cual
figuraba Francisco de
Miranda, acompañado por miembros de la Sociedad Patriótica y del
pueblo, recorrió las calles de la ciudad, ondeando banderas y gritando
consignas acerca de la libertad. En la misma tarde del 5 de julio el Congreso
celebró otra sesión, en la que se acordó redactar un documento, cuya
elaboración fue encomendada al diputado Juan Germán
Roscio y al secretario
del Congreso, Francisco Isnardi. En este documento debían aparecer los motivos
y causas que produjeron la Declaración de la
Independencia, para que sometido a la revisión del Congreso, sirviese de Acta y
pasara al Poder Ejecutivo.
El Acta de la Independencia,
aunque está fechado en Caracas el 5 de julio de 1811 (porque ese día fue declarada)
en realidad fue redactada en la noche del día 5 al 6 o en el transcurso del día
6, aprobado el 7 por el Congreso y presentada el 8 al Poder Ejecutivo. Las
circunstancias de la guerra de emancipación, para el año 1812, hicieron que se perdiera el
manuscrito original del Acta de la Independencia, el que llevaba al pie las
firmas autógrafas de 41 diputados y el sello del Congreso. Estuvo desaparecida hasta que el Libro de Actas del Congreso de 1811, fue encontrado en el año 1907, en la ciudad de Valencia. Sin
embargo, durante todo ese tiempo, el texto auténtico del Acta de la Independencia se conocía perfectamente gracias a su reproducción en El Publicista de Venezuela y la
Gaceta de Caracas del 16 de julio de 1811. Para hoy, se encuentra en el Salón Elíptico del Palacio Federal.
Texto del Acta de
Independencia
En el nombre de Dios Todopoderoso,
nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná,
Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación
americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso, y
considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos
justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la
jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión
de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes
de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más de tres
siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos,
patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos
acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra
soberanía.
No queremos, sin embargo, empezar
alegando los derechos que tiene todo país conquistado, para recuperar su estado
de propiedad e independencia; olvidamos generosamente la larga serie de males,
agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente
a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de
estos países, hechos de peor condición, por la misma razón que debía
favorecerlos; y corriendo un velo sobre los trescientos años de dominación
española en América, sólo presentaremos los hechos auténticos y notorios que
han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de otro, en el
trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española.
Este desorden ha aumentado los
males de la América, inutilizándole los recursos y reclamaciones, y autorizando
la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de
la nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes.
Es contrario al orden, imposible al
gobierno de España, y funesto a la América, el que, teniendo ésta un territorio
infinitamente más extenso, y una población incomparablemente más numerosa,
dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo.
Las sesiones y abdicaciones de
Bayona, las jornadas del Escorial y de Aranjuez, y las órdenes del
lugarteniente duque de Berg, a la América, debieron poner en uso los derechos
que hasta entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad
de la nación española.
Venezuela, antes que nadie, reconoció
y conservó generosamente esta integridad por no abandonar la causa de sus
hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación.
América
volvió a existir de nuevo, desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y
conservación; como España pudo reconocer, o no, los derechos de un rey que
había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba.
Cuantos Borbones concurrieron a las
inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio español, contra
la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado
que contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando, con su sangre y sus
tesoros, los colocaron en el bono a despecho de la Casa de Austria; por esta
conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien
entregaron como un rebaño de esclavos.
Los intrusos gobiernos que se
abrogaron la representación nacional aprovecharon pérfidamente las
disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban
a los americanos contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la
fuerza; y contra sus mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilusión a
favor de Fernando, para devorarnos y vejarnos impunemente cuando más nos
prometían la libertad, la igualdad y la fraternidad, en discursos pomposos y
frases estudiadas, para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil
y degradante.
Luego que se disolvieron,
sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de España, y
que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí
misma para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus
hermanos de Europa contra los males que les amenazaban, se desconoció toda su
anterior conducta, se variaron los principios, y se llamó insurrección,
perfidia e ingratitud, a lo mismo que sirvió de norma a los gobiernos de
España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que
querían perpetuar a nombre de un rey imaginario.
A pesar de nuestras protestas, de
nuestra moderación, de nuestra generosidad, y de la inviolabilidad de nuestros
principios, contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara
en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes
a amotinarnos unos contra otros, y se procura desacreditarnos entre las
naciones de Europa implorando sus auxilios para oprimirnos.
Sin hacer el menor aprecio de
nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo, y sin otros
jueces que nuestros enemigos, se nos condena a una dolorosa incomunicación con
nuestros hermanos; y para añadir el desprecio a la calumnia se nos nombran
apoderados, contra nuestra expresa voluntad, para que en sus Cortes dispongan
arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros
enemigos.
Para sofocar y anonadar los efectos
de nuestra representación, cuando se vieron obligados a concedérnosla, nos
sometieron a una tarifa mezquina y diminuta y sujetaron a la voz pasiva de los
ayuntamientos, degradados por el despotismo de los gobernadores, la forma de la
elección; lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe, más bien que
una consideración a nuestra incontestable importancia política.
Sordos siempre a los gritos de
nuestra justicia, han procurado los gobiernos de España desacreditar todos
nuestros esfuerzos declarando criminales y sellando con la infamia, el cadalso
y la confiscación, todas las tentativas que, en diversas épocas, han hecho
algunos americanos para la felicidad de su país, como lo fue la que últimamente
nos dictó la propia seguridad, para no ser envueltos en el desorden que
presentíamos, y conducidos a la horrorosa suerte que vamos ya a apartar de
nosotros para siempre; con esta atroz política, han logrado hacer a nuestros
hermanos insensibles a nuestras desgracias, armarlos contra nosotros, borrar de
ellos las dulces impresiones de la amistad y de la consanguinidad, y convertir
en enemigos una parte de nuestra gran familia.
Cuando nosotros, fieles a nuestras
promesas, sacrificábamos nuestra seguridad y dignidad civil por no abandonar
los derechos que generosamente conservamos a Fernando de Borbón, hemos visto
que a las relaciones de la fuerza que le ligaban con el Emperador de los
franceses ha añadido los vínculos de sangre y amistad, por lo que hasta los
gobiernos de España han declarado ya su resolución de no reconocerle sino
condicionalmente.
En esta dolorosa alternativa hemos
permanecido tres años en una indecisión y ambigüedad política, tan funesta y
peligrosa, que ella sola bastaría a autorizar la resolución que la fe de
nuestras promesas y los vínculos de la fraternidad nos habían hecho diferir;
hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos,
impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España,
que nos ha relevado del juramento condicional con que hemos sido llamados a la
augusta representación que ejercemos.
Mas nosotros, que nos gloriamos de
fundar nuestro proceder en mejores principios, y que no queremos establecer nuestra
felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y declaramos como
amigos nuestros, compañeros de nuestra suerte, y participes de nuestra
felicidad, a los que, unidos con nosotros por los vínculos de la sangre, la
lengua y la religión, han sufrido los mismos males en el anterior orden;
siempre que, reconociendo nuestra absoluta independencia de él y de toda otra
dominación extraña, nos ayuden a sostenerla con su vida, su fortuna y su
opinión, declarándolos y reconociéndolos (como a todas las demás naciones) en
guerra enemigos, y en paz amigos, hermanos y compatriotas.
En
atención a todas estas sólidas, públicas e incontestables razones de política,
que tanto persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural, que el orden
de los sucesos nos ha restituido, en uso de los imprescriptibles derechos que
tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena
los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni
debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España, y que, como
todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de
otra autoridad que la nuestra, y tomar entre las potencies de la tierra, el
puesto igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan y a que nos llama
la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad.
Sin embargo de que conocemos las
dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos impone el rango que
vamos a ocupar en el orden político del mundo, y la influencia poderosa de las
formas y habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados, también
conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería
más ignominiosa para nosotros, y más funesta para nuestra posteridad, que
nuestra larga y penosa servidumbre, y que es ya de nuestro indispensable deber
proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente
todas las formas de nuestra anterior constitución.
Por tanto, creyendo con todas estas
razones satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del género humano y a
la dignidad de las demás naciones, en cuyo número vamos a entrar, y con cuya
comunicación y amistad contamos, nosotros, los representantes de las Provincias
Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de
nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando sus
divinos y celestiales auxilios, y ratificándole, en el momento en que nacemos a
la dignidad, que su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres,
creyendo y defendiendo la santa, católica y apostólica religión de Jesucristo.
Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso
pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas
son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e
independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la
Corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o
representantes, y que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno
poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de
sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar
tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás
actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes.
Y para hacer válida, firme y
subsistente esta nuestra solemne declaración, demos y empeñamos mutuamente unas
provincias a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas y el sagrado de nuestro
honor nacional.
Dada en el Palacio Federal y de Caracas, firmada de nuestra mano, sellada con
el gran sello provisional de la Confederación, refrendada por el Secretario del
Congreso, a cinco días del mes de julio del año de mil ochocientos once, el
primero de nuestra independencia.
