Masacre de El Amparo |
El proceso de investigación del caso se realizó bajo la jurisdicción militar. Los militares se declararon inocentes, sus argumentos fueron que se enfrentaron supuestamente con grupos subversivos declarando así la actuación de legítima defensa. En este proceso judicial se evidenció, por parte de los fiscales militares y los jueces, una serie de irregularidades con la finalidad de mantener absueltos de culpa a los imputados del hecho.
Ante la actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso de El Amparo fue presentado en 1990 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. y el 12 de octubre de 1993, la Comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicó un informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela, que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas.
En 1995 Venezuela aceptó ante la Corte I.D.H. su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de las 14 víctimas asesinadas y los 2 sobrevivientes, pero para el día de hoy, los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores continúan sin ser sancionados.
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